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Ante la Fiscalía General de la Nación quedó radicada la denuncia contra el veedor ciudadano Idelfonso Orozco Barros por la presunta comisión de los delitos de injuria, calumnia y hostigamientos a la coordinadora del Programa de Alimentación Escolar, PAE, Nizay Cuesta Benítez, quien asegura que es perseguida y violentada en el ámbito personal, laboral y político.
Entre los hechos denunciados ante la Fiscalía están que “el señor escribe a cualquier hora al teléfono personal para lanzar improperios en mi contra, señalándome de corrupta, seguido de faltas de respeto a mi honra como mujer. Además, el señor afirma que hay corrupción en el PAE y abusa de su posición de veedor, puesto que vive presentando peticiones temerarias por cualquier asunto, solo para entorpecer el trabajo”.
La coordinadora del PAE asegura que “es maltratada de manera verbal, al igual las manipuladoras de alimentos o quienes hacen labores de inspección y vigilancia y en algunas ocasiones, esto trasciende a los rectores de las instituciones educativas”.
“El veedor también ha levantado falsedades asegurando que como supervisora del PAE lo he amenazado, lo cual es falso. Él ha editado conversaciones, a su acomodo. Esto es peligroso y delicado más cuando aduce que lo estoy amenazando”, aseguró Cuesta.
Así mismo, el veedor asegura que “me gano una cantidad exorbitante de dinero, lo cual es falso, y con esto me pone en peligro. Muchas veces ha dado la dirección de mi residencia, poniéndome en riesgo”.
Entre los argumentos presentados en la Fiscalía también se menciona que “la ha puesto en la palestra pública; está acabando con su honra, buena imagen, la gestión y las acciones del equipo trabajador del programa, lo cual se constituye en acoso, por lo que solicito que se retracte de sus aseveraciones y sea castigado por la justicia, teniendo en cuenta estas acciones”, explicó Nizay Cuesta.
Así mismo la coordinadora del PAE insiste en que “hay discriminación y violencia contra ella por el hecho de ser mujer, lo que afecta sus derechos al trabajo y solicito protección especial con perspectiva de género amparada en la Constitución y en los Derechos Humanos”.
Cuesta Benítez reitera el llamado al ejercicio de la veeduría objetiva, sin maltratos y con el debido respeto que todas las personas se merecen.
BO 3989
Santa Marta, 10 de mayo de 2023
